El PA pide al Consejo de Ministros el indulto de Prats tras la desestimación de la apelación por el 'Caso Ramel'

El Partido Andalucista anunció hoy que solicitará al Consejo de Ministros el indulto del cabeza de lista del partido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Antonio Prats, tras conocer que el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado ante la sentencia que le condena a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo de concejal por su implicación en el 'Caso Ramel'.

El secretario provincial del PA, Alfonso Andrades, explicó que tanto él como el secretario general del Partido, Julián Álvarez, consideran la sentencia "una gran injusticia", ya que están "convencidos de la inocencia de Prats de los cargos que se le imputan", como autor de un delito de Atentado a agentes de la autoridad y de una falta de lesiones, así como de atentado a la autoridad.

En este sentido, los dirigentes andalucistas firmaron un documento, "al que se sumarán miles de sanluqueños y compañeros de partido", que enviarán al Consejo de Ministros solicitando el indulto del edil y manifestaron su "fe en que el Consejo de Ministros accederá a la petición".

Por ello, el próximo martes presentarán un escrito ante la Audiencia Provincial de Cádiz apelando a su "sensibilidad" para que "paralice la ejecución de la sentencia" mientras se cursa esa petición de indulto.

LOS HECHOS

El 'Caso Ramel' se remonta a marzo de 2001, tras una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Sanlúcar convocado para intentar solucionar un conflicto laboral de la empresa Ramel (de limpieza). El conflicto comenzó cuando el alcalde Juan Rodríguez, anunció a los ediles de la oposición, sindicalistas y trabajadores de la propia empresa que una comisión que estaba prevista constituir, acordada en el Pleno que se acababa de celebrar, no se haría hasta días más tardes.

Después el primer edil se encerró en su despacho junto a otra concejala del PP, Laura Seco. Finalmente, allí estuvieron durante la madrugada, produciéndose altercados entre los ediles y la propia Policía Local, según consta en una denuncia en la que se acusaba al andalucista Antonio Prats de empujar y golpear a un agente. Finalmente, el primer edil salió por la mañana de su despacho escoltado por la Policía. El alcalde denunció haber sufrido un "secuestro" por lo que las penas que se pedían penas de cárcel para algunos de los imputados en el conocido como 'Caso Ramel'.

Antonio Prats presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el mes de mayo del año 2006, que fue desestimado en septiembre de 2007, por lo que se ratifica la sentencia que le condena a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo de concejal.